El Ayuntamiento de Valladolid (PP y Vox) se ha visto obligado a cambiar el protocolo donde sustituyó el término “violencia de género” por “violencia doméstica” para dar ayudas a la vivienda. Un informe jurídico encargado tras la presión del Consejo Municipal de la Mujer ve inapropiada la medida, que aparte de indignar a grupos feministas por el “retroceso”, contravenía legislación estatal y autonómica. Este organismo ha insistido en que situar la violencia machista bajo el paraguas de “doméstica” devuelve esta opresión al ámbito silenciado del hogar, como hace décadas y previo a la evolución terminológica y legislativa acordada con consensos políticos y sociales. Las críticas van más allá del concepto y se centran en el mensaje sobre las víctimas porque se las “desmoviliza e invisibiliza”, según explican desde el Consejo, un órgano colegiado no vinculante en el que participan las principales asociaciones de mujeres vallisoletanas.. Seguir leyendo
El Consejo de la Mujer vallisoletano alertó de que el cambio invisibiliza y desmotiva a las víctimas y propició que se revocara el plan de PP y Vox
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El Ayuntamiento de Valladolid (PP y Vox) se ha visto obligado a cambiar el protocolo donde sustituyó el término “violencia de género” por “violencia doméstica” para dar ayudas a la vivienda. Un informe jurídico encargado tras la presión del Consejo Municipal de la Mujer ve inapropiada la medida, que aparte de indignar a grupos feministas por el “retroceso”, contravenía legislación estatal y autonómica. Este organismo ha insistido en que situar la violencia machista bajo el paraguas de “doméstica” devuelve esta opresión al ámbito silenciado del hogar, como hace décadas y previo a la evolución terminológica y legislativa acordada con consensos políticos y sociales. Las críticas van más allá del concepto y se centran en el mensaje sobre las víctimas porque se las “desmoviliza e invisibiliza”, según explican desde el Consejo, un órgano colegiado no vinculante en el que participan las principales asociaciones de mujeres vallisoletanas.. Rocío López, jurista con experiencia en el Instituto de la Mujer y en áreas de violencia sobre la mujer en la delegación del Gobierno de Castilla y León, en la Junta y en corporaciones locales y el Ayuntamiento vallisoletano, y Dunia Etura, directora de la cátedra de estudios de género de la Universidad de Valladolid, desgranan lo ocurrido. Etura es integrante del Consejo Municipal de la Mujer. López lo fue, pero ahora colabora desde fuera. Ambas hablan frente al consistorio pucelano, donde han acudido varias veces a manifestarse y oponerse a esa medida, aprobada en mayo aunque que no trascendió hasta agosto.. El concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona, relatan, no supo responder en qué favorecía a las víctimas esta permuta. Ahora Zarandona acata el informe: “Si esas recomendaciones tienen que estar, no tenemos ningún inconveniente, sino todo lo contrario”. Rocío López explica que el sistema otorga 1,5 puntos a las víctimas de violencia machista en el acceso a viviendas públicas o protegidas. La modificación hacia “violencia doméstica” hubiera supuesto que solo obtuvieran un punto, además de retroceder en el marco a antes de 2004, cuando la primera ley estatal contra la violencia de género de España (y pionera en Europa) “sacó del ámbito privado la violencia sobre las mujeres”. Etura añade que poner el foco en la violencia que se ejerce sobre la mujer por el hecho de serlo alude a la violencia “estructural” que no se queda solo en el hogar.. Rocío López, jurista con experiencia en el Instituto de la Mujer, y Dunia Etura, directora de la cátedra de estudios de género de la UVA, en la Plaza Mayor de Valladolid, el 29 de septiembre de 2026.Emilio Fraile. Este “paso atrás” es también peligroso por el mensaje que lanza, advierte López: no merece la pena denunciar, rellenar papeles, ir a la Fiscalía, a la Policía, recoger las evidencias y pretender esa ayuda pública. “Las pegas les hacen sentir inseguras, tienen miedo y no confían en las instituciones”, afirma esta jurista con una amplia trayectoria en instituciones de distinto signo político. “Para qué acreditar mi condición de víctima si no me lo van a dar, tengo que volver con mi agresor porque no tengo dónde ir, sobre todo si tengo hijos”, lamenta López que se puedan plantear las mujeres.. Una trabajadora social del Ayuntamiento, que pide anonimato, subraya además que “la vivienda supone una condición imprescindible para que las mujeres puedan salir de la situación de violencia, recuperar su autonomía y proteger a las personas a su cargo, especialmente a los menores. Eliminar su prioridad específica dificulta el acceso a una vivienda segura, perpetuando situaciones de dependencia, vulnerabilidad y riesgo de exclusión social”.. La ministra de Igualdad, la exconcejala vallisoletana de Cultura Ana Redondo (PSOE), barajaba recurrir judicialmente esta modificación hasta conocerse este dictamen jurídico interno. “No vamos a permitir que las políticas de Igualdad y contra la violencia de género den un paso atrás y eso ha estado pasando con el protocolo, que va a impedir, cambiando la denominación violencia de género por violencia doméstica, que las víctimas puedan acceder a esas viviendas sociales”, señaló la ministra el pasado 24 de septiembre.. La polémica entró en los Plenos municipales, con broncas entre las representantes de las organizaciones feministas que asistieron como público y la vicealcaldesa, la jueza Irene Carvajal (Vox). Dunia Etura critica que la formación de extrema derecha quiera volver al pasado. “Las víctimas desaparecen de la estadística y de la realidad”, alerta la académica. “Vox intenta crear un nuevo marco conceptual y de ideología, es un retroceso volver a meter la violencia sobre las mujeres en el ámbito privado”, denuncia.. La directora de la cátedra de estudios de género de la Universidad de Valladolid teme que este movimiento pueda servir como “laboratorio” de Vox para cercenar derechos de la población en materia de Memoria Histórica, LGTBIQ+ o en el caso de las propias mujeres. Rocío López apostilla que en sus décadas de trabajo nunca ha tenido problemas con el PP, omnipresente en la política de Castilla y León, hasta la llegada de la formación de Santiago Abascal. Las partícipes del Consejo Municipal de la Mujer celebran el cambio de postura, que “da esperanza”. “Sin el movimiento feminista no se avanza y ahora esto no va de avanzar sino de no retroceder”, concluye López.
